Read Francisco Alpizar’ opinion article (Política integral para el sector transporte) about an Integral Transport Policy for Costa Rica published at “La Nacion” (January 8th). (Spanish only)
Además de los tamales y los vientos alisios, el fin e inicio de año llega a nuestras tierras siempre acompañado del pago del impuesto al ruedo o marchamo, de carreras para pasar Riteve, de presas interminables y horas pico que cubren casi todo el día. Después de un año sustos, arranques y frenazos, este es un buen momento para reflexionar sobre las políticas que regulan el sector transporte en nuestro país.
Desde una perspectiva de optimización económica, los impuestos (y los subsidios) deberían utilizarse primero como herramienta para la corrección de fallas de mercado en general y, en el caso del sector transporte, para la internalización de externalidades definidas como efectos de decisiones privadas de consumo y producción.
Para el transporte, las principales externalidades son la congestión, la contaminación ambiental y el aumento de la morbilidad y mortalidad ligado al riesgo en carretera. Así, los impuestos servirían para encarecer las actividades que generan externalidades negativas para la sociedad, favoreciendo otras opciones de transporte más limpias o que generen menos congestión o riesgo en las carreteras.
Un error. Desafortunadamente, nuestro país se ha apartado completamente de este mundo óptimo, inclinándose, más bien, a utilizar impuestos únicamente como mecanismos de recaudación fiscal. Es importante contar con un gobierno funcional y con capacidad de proveer bienes públicos y redistribuir el ingreso, pero inutilizar por completo la otra función de los impuestos y subsidios es claramente un error.
El impuesto a los combustibles es uno de los casos más obvios. Por un lado, este impuesto es una importante fuente de ingresos para el fisco, de manera que a mayor consumo, mayor recaudación. Por otro lado, la quema de combustibles fósiles genera emisiones contaminantes con efectos negativos locales sobre la salud y la infraestructura de las ciudades, y globales relacionados con el calentamiento del planeta.
Además de ser un mecanismo de recaudación, los impuestos a la gasolina deberían utilizarse para promover medios de transporte más limpios, reduciendo la demanda de transporte privado (menos viajes superfluos, más eficiencia en los motores, vehículos más pequeños, etc.) y subsidiando la demanda de transporte público (más y mejores rutas de buses, control de calidad, tren eléctrico, etc.).
Dos ejemplos más. Los impuestos al ruedo y a las importaciones de vehículos son dos ejemplos más de políticas exclusivamente enfocadas en generar ingresos fiscales. En la actualidad, ambos impuestos dependen del valor original del vehículo y de la depreciación. Siendo así, vehículos nuevos con motores cada vez más eficientes en el uso de combustibles, y con tecnología de frenado y seguridad cada vez más avanzada, terminan pagando más impuestos, pese a que su impacto negativo sobre el bienestar social es menor.
El impuesto al ruedo debería diseñarse de manera que penalice el uso de vehículos ineficientes (generalmente, los más viejos). Asimismo, el impuesto a las importaciones debería favorecer, y no entorpecer como lo hace actualmente, la llegada de tecnología limpia. Por más que Riteve sirva como garante de estándares de emisiones y requisitos de seguridad, ningún programa de inspecciones puede nadar contra la corriente creada por incentivos que favorecen vehículos contaminantes e inseguros.
Las propuestas anteriores son analizadas en un estudio del programa EfD ( Environment for Development ) del Catie como elementos de una política integral para el transporte en Costa Rica. No debemos esperar a que la gasolina retome su camino al alza para implementar políticas efectivas de contención de la demanda de combustibles y promoción de la oferta de medios de transporte masivo agradables y eficientes para todos. De nuevo, no se trata de no recaudar ingresos para el fisco; se trata de diseñar los impuestos de manera que generen un dividendo doble, en términos de ingresos para el fisco y en su función como herramienta para incentivar usos más sostenibles de nuestro capital natural y económico.
